A
veces hago informes periciales para
pleitos o demandas relacionadas con la arquitectura o el urbanismo. No es un
trabajo enriquecedor (en ninguna de las posibles acepciones del término), pero
permite conocer mejor la naturaleza de esas actividades que practico profesionalmente
y sobre todo conocer mejor la naturaleza humana. En los tribunales, esta última
aflora de manera descarnada.
He
hecho un informe para valorar el alcance de la demolición parcial, ordenada por
los tribunales, de un edificio en una de las villas costeras cántabras. El
asunto tiene más de veinticinco años, cuando se construyó un edificio que al
parecer contenía una infracción urbanística por la que se sobrepasaba el
volumen autorizado. Las comunidades de propietarios de los edificios
colindantes han perseguido el asunto durante años, probablemente más que por
salvaguardar la legalidad urbanística, por considerarse perjudicadas con la
mera construcción del edificio infractor, que invadió terrenos que ellos creían
propios y vino a alterar sus vistas y el disfrute de sus espacios comunitarios
.
El
hecho es que esas comunidades colindantes han conseguido, teniendo a la ley de
su lado, que se dicte una sentencia de demolición parcial, pero extensa, y que
esté a punto de ejecutarse. Básicamente la demolición afectará a casi mil
metros cuadrados de la planta baja que, a modo de soportal, es, al tiempo,
terraza de las viviendas de la planta primera que, a la postre, son las
perjudicadas en todo este asunto, sin que ninguno de sus dueños actuales tengan
responsabilidad alguna en la infracción que se cometió hace más de 25 años.
Como es natural esos propietarios tratan de evitar la demolición que tanto les
perjudica
.
Las
sentencias hay que ejecutarlas. Parece un principio básico del estado de
derecho, y tras veinticinco años de complejos trámites judiciales, las dos comunidades
de vecinos denunciantes están a poco de conseguir esa ejecución.
Mi
trabajo profesional ha terminado con el informe, dentro de lo que se denomina,
en la terminología jurídica, incidente de ejecución. Parece que todo está dicho
y solo queda esperar la resolución de los tribunales.
(Los
derribos, las sentencias de derribo, producen inquietud. Basadas en un
urbanismo voluble, caprichoso y dispar, se suelen confirmar muchos años, a
veces décadas, después de que el edificio se ha construido. Un edificio no se
levanta en un día, el más pequeño no tarda menos de un año. En España la construcción,
metida en un laberinto artesanal, siempre parece lenta, pero resulta fulgurante
comparada con la marcha de la administración. Esa diferencia de calendario, de
"timing", es inquietante. Las administraciones, generalmente la
local, son poco activas en la prevención o inspección urbanística y la de
justicia es muy lenta. Total: Las ejecuciones, si llegan, llegan a destiempo y,
lógicamente cuesta entenderlas. Como además son producto de la persecución
privada de un asunto, acaban satisfaciendo más a ese interés privado que al
público, que con el paso del tiempo ha dejado de comprender e interesarse por
la situación. Incluso ve la infracción integrada en aquel entorno que
generalmente tiene hechos semejantes bien próximos. Finalmente la disciplina
urbanística, administrativa y judicial, sirve más para ajustes de cuentas
vengativos, que para proteger el bien común de la legalidad urbanística…)
Volvamos a nuestro derribo:
Sin
embargo no está todo dicho. Hace pocos días, dos copropietarios de las
comunidades denunciantes, ciudadanos franceses, se han dirigido a sus
convecinos y al ayuntamiento de la villa, para dejar constancia de su oposición
a que se ejecute la demolición. Estos ciudadanos exponen cuatro razones para
oponerse a la demolición:
1 Con la demolición no van a recuperar
lo ya perdido.
2 Mantiene unas divisiones absurdas de
terrenos en las zonas libres y de juegos.
3 Se pone en riesgo la estructura de
todo el edificio en el que se realizará la demolición.
4 Se trata de un venganza que perjudica
la convivencia entre comunidades.
Por
ello proponen que los costes necesarios para esa demolición (unos 250.000
euros), se utilicen en mejorar y unificar los espacios comunes de las tres
comunidades. Los ciudadanos franceses incluyen varias opciones muy estudiadas,
que consideran redundarían en beneficio de todos.
Es
muy sugerente, oportuna y practica la propuesta de estos colindantes que dan
prueba de sensatez. Su escrito lleva implícito el reconocimiento de la derrota
de sus pretensiones (recuperar una situación anterior a la construcción del edificio infractor) y que
la motivación actual de la demolición está basada en el deseo de venganza, estéril,
como lo es toda venganza.
Se
les olvida, a estos sensatos ciudadanos franceses, un par de cosas que son trascendentes
y a las que en este País se da importancia. El imperio de la ley exige el
restablecimiento de la legalidad urbanística. ¡Ah, qué haríamos sin ese
resarcimiento de la cosa pública que es el restablecimiento de la legalidad urbanística!.
Gracias a ese restablecimiento de la legalidad urbanística, extendido por todo
el territorio nacional, nuestras ciudades son un ejemplo urbanístico para
propios y extraños... Dejemos la ironía. No hay más que darse una vuelta por
las cercanías de los edificios en cuestión (su situación no aporta nada a este
artículo), para llegar a la conclusión de que la demolición, de casi mil metros
cuadrados de terraza-porche del edifico, pasará inadvertida para cualquiera,
ante lo disparatado de aquel entorno donde el urbanismo parece haber
enloquecido con edificios de diez plantas junto a pequeños chalets, con aceras
raquíticas y un desorden generalizado. La arquitectura de ese entorno es un
muestrario de un mal gusto profesional que provoca bochorno. Probablemente será
el primer derribo, que se lleve a cabo en la villa por una cuestión urbanística
y uno se pregunta que por qué ha de ser esto lo demolido y no alguno de los otros
horrores arquitectónicos y urbanísticos que
lo rodean.
La
legalidad urbanística está en manos de los vecinos que, persiguiendo la causa,
pueden restablecerla. Como también pueden renunciar a la demanda y ningún poder
público perseguirá la ejecución, que quedará suspendida. El ayuntamiento debería
explicar el restablecimiento de la legalidad urbanística mediante grandes
carteles, con sus correspondientes e imprescindibles infografías, para
aleccionar al personal, pues sólo así podría llegar a entenderse, aunque no
comprenderse.
La
otra cosa que parecen olvidar los sensatos ciudadanos franceses, es que el
dinero que cuesta el derribo, que sobrepasará al final los 300.000 euros, es, de
entrada, dinero público. Ese dinero proviene de sus impuestos, querido lector,
y de los míos, entre otros muchos. ¿Qué mejor destino podemos dar a ese dinero
que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos entregado a las arcas de la
administración, que llegar hasta el fin y demoler esas terrazas que computan
como edificabilidad en el plan urbanístico de la villa,
pero que, paradójicamente, no lo harían en muchos otros municipios del País?.
Además, su derribo dará a la villa otra cara, otra imagen, desaparecerá la
ignominiosa infracción y eso se traducirá en mayor bienestar de sus habitantes
y de sus veraneantes ¡Nada, nada, que lo
tiren!
De
la misma manera que vamos a tirar una depuradora de aguas residuales recién
construida, para trasladarla unos metros, gastándonos unos cien millones de
euros en esa operación. ¡Hay que tirarlo, sí señor! Con dinero público, que
para eso somos ricos. Se tira para mayor gloria de las asociaciones
ecologistas, que a su vez viven del dinero público proveniente de la cuantiosas
subvenciones que les otorga la administración o para cumplir la venganza de una
comunidad sobre otra.
Pobres
ciudadanos franceses, tan sensatos ellos, estamos en Cantabria, España, y aquí
valoramos mucho el cumplimiento de la ley, ¡faltaba más!
